Sandra Arroyo Salgado y su relación oscura con informantes y espías

Sandra Arroyo Salgado no es una jueza de bajo perfil en Argentina. Pese a su voluntad, distintos hechos la han convertido en una de las mediáticas del Poder Judicial. El hecho de haber sido la última pareja del fiscal Alberto Nisman y la forma en que se desencadenó su muerte, fue gravitante para ser reconocida en todos los niveles de la sociedad.

Sandra Arroyo Salgado fue designada al frente del juzgado federal de San Isidro en 2006, por un decreto del entonces presidente Néstor Kirchner. Su nombramiento resultó toda una novedad y se especuló, tal como afirma el periodista Jorge Lanata, que en su juzgado se dirimían asuntos poco transparentes de la SIDE, la central de inteligencia que estaba bajo el comando de Jaime Stiusso. “Era el juzgado de la SIDE”, reveló Lanata (ver video).

Varias de esas especulaciones se confirmaron con el paso del tiempo y muchos de sus fallos estuvieron en sintonía con los pedidos de la Casa Rosada. En 2010, la titular del juzgado federal de San Isidro resultó funcional a la guerra que se desató entre los Kirchner y el grupo de comunicación Clarín. Arroyo Salgado “humilló” a la quien era la cara visible y dueña del grupo, Ernestina Herrera de Noble, en una causa “armada” en la que se acusaba a la empresaria de haberse apropiado de dos niños nacidos en los campos de concentración urdidos por la última dictadura militar.

La acusada contaba con 77 años. Al procesar a la empresaria, Sandra Arroyo Salgado escribió: “Que el conocimiento y análisis del profuso caudal probatorio reunido en estas actuaciones no deja lugar a dudas de la existencia, cuanto menos desde agosto de 2006 y hasta junio de 2008, de una empresa criminal que con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico”.

Sandra Arroyo Salgado cometió varias imprudencias, como ordenar a las fuerzas policiales a seguir a Felipe y Marcela Noble Herrera al salir del Juzgado. El escándalo derivó en una persecución policial, hasta que personal judicial y técnico ingresó a la casa de Ernestina de Noble y, frente a testigos, sus hijos fueron obligados a desvestirse y entregar la ropa que tenían puesta para que se realizaran los exámenes genéticos.

La revista Noticias describió el resultado del show una vez desmontado: “Luego de innumerables pruebas, el examen realizado en el Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que Marcela y Felipe Noble Herrera no eran hijos de las dos familias querellantes”.

Archivo de causas

 

En esa misma época, octubre de 2010, la jueza recibió una denuncia ampliada del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo. La organización requería ante la justicia la reapertura de una causa por el secuestro de Heinrich Franz Metz, ex ejecutivo de Mercedes-Benz en Argentina, ocurrido en 1975. El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo (Celtyv) demandó en una causa penal al ex jefe de Montoneros, Mario Firmenich, y a su jefe de finanzas Juan Gasparini, miembros de la organización que idearon y concretaron delitos de esta naturaleza extorsiva.

El escrito jurídico fue firmado por el abogado Carlos Manfroni. Y en la demanda solicitaba la anulación de los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem para todos los imputados, incluido Firmenich; la extradición de Gasparini, radicado en Suiza, y la detención inmediata de todos ellos. La querella se basó en el Tratado de Roma y otros instrumentos internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por organizaciones terroristas no estatales, como fue Montoneros.

La denuncia estaba radicada en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y el trámite judicial estaba avanzado, próximo a pasar de la etapa de instrucción a la etapa de plenario, acusación fiscal y sentencia. El pedido combinó testimonios y peritajes que existen en el expediente, ya bastante voluminoso, con los nuevos libros escritos por uno de los imputados, Gasparini, quien, según la presentación, era jefe de finanzas de Montoneros.

El escrito del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo, cuya titular era Victoria Villarruel, presentó detalles que surgen de los propios libros de Gasparini y de los cuales se deduce que fue él quien condujo las operaciones de manipulación del dinero, en la Argentina, en Europa y hacia los Estados Unidos.

Sandra Arroyo Salgado, especulan, se nutre de informantes al margen de la ley, como Gasparini y otros “inorgánicos” de la central de inteligencia argentina. Este último, en el escrito judicial citado, aparece más que comprometido. Fuentes en España sostienen que el periodista contaría con protección a cambio de proporcionar información -siempre interesada-, un modus operandi que lo ha caracterizado desde los años más oscuros.

Lo cierto es que casi un año después Arroyo Salgado falló sosteniendo “que aquel secuestro no constituyó un delito de lesa humanidad y, en consecuencia, que la acción penal ya prescribió por el paso del tiempo”.

La denuncia ampliada contra Juan Gasparini afirmaba en uno de sus párrafos:

“Los hechos revelados en el expediente pueden ser significativamente ampliados en sus detalles por los libros de Juan Gasparini, imputado en este causa, quien actuó en la trama del secuestro y las maniobras destinadas a la inversión del rescate, bajo el pseudónimo “Dr. Paz”.

“Aunque frente a recientes requerimientos periodísticos, el señor Juan Gasparini ha negado su pertenencia a “Montoneros”, su participación en la organización clandestina, su actuación como “Dr. Paz” y su concurrencia periódica a las oficinas de Graiver está acreditada en este expediente mediante numerosas copias de testimonios procedentes del Juzgado Federal de San Martín y aquí agregados; especialmente los de Carlos Julio Caballero Nieves (fs. 601 y sig.); María Insúa de Oliveira de Menarguez (fs. 623 y sig.); Lidia Catalina Gesualdi (fs. 635 y sig.); María Florencia Fernández Górgolas de Rojo Vivot (fs. 643 y sig.); Alcira Matilde Courtaux de Ramos Vértiz (fs. 649 y sig.) y Jorge Alfredo Pillado Saavedra (fs. 465 y sig.); la mayoría de los cuales trabajaba en las oficinas de Suipacha 1111, donde funcionaba EGASA (Empresas Graiver Asociadas Sociedad Anónima), entre muchos otros que reconocen, además, a Raúl Magario (alias “Dr. Peñaloza”)”.

La suspicacia es parte de la vida cotidiana en los pasillos y en las oficinas privadas del juzgado a cargo de Arroyo Salgado. Otras causas ayudan a concluir que en ese fuero la justicia puede ser tuerta y hasta ciega. Una mancha institucional que perjudica al propio sistema judicial y, en definitiva, al sistema democrático.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
La Voz de Ecuador